Tres eventos

Giovanna De Michele I.- Tres eventos recientemente acaecidos en Venezuela, acentuaron la atención de buena parte de la comunidad internacional acerca del deterioro de las instituciones en el país, y la sistemática violación de los derechos humanos. Me refiero a la sorpresiva muerte del concejal del Distrito Capital, Fernando Albán, militante del partido político Primero Justicia; así como a la condición de refugiado otorgada por el gobierno de Colombia al diputado Julio Borges, coordinador nacional del mismo partido Primero Justicia, y por ultimo a la excarcelación y expatriación del joven Lorent Saleh. Tres hechos absolutamente interconectados por un mismo denominador común: violación de los derechos humanos en Venezuela.

Comencemos por la sorpresiva y absolutamente condenable muerte de Fernando Albán. Ese concejal del municipio Libertador, era además militante del partido Primero Justicia, y fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido como Sebin, cuando regresaba al país, luego de pasar unos días con su familia en Estados Unidos, donde además se reunió con Julio Borges, en ocasión de la celebración de la Asamblea General de la ONU. Desde el momento de su detención ocurrida el 5 de octubre hasta el momento de su muerte, 3 días más tarde, Albán permaneció en la sede principal del Sebin, como sospechoso de haber participado en el atentado contra Nicolás Maduro, el pasado mes de agosto en la ciudad de Caracas.

Dicho de otra manera, al concejal Albán lo arrestaron dos meses después de haber sucedido el evento sobre el cual le imputan responsabilidad, y lo hicieron cuando regresaba de un viaje al exterior, y reingresaba al territorio nacional, por el principal aeropuerto del país, a la vista de todos los organismos de seguridad del Estado. Ante tales circunstancias y considerando que, a criterio del gobierno venezolano y sus organismos de investigación criminal, el principal acusado por el supuesto “intento de magnicidio”, es Julio Borges; vale la pena preguntarse: ¿Que hacía sospechoso a Albán? ¿El hecho de militar en el mismo partido político de Borges? ¿Algún indicio que solo conocen los organismos de seguridad del Estado?, o simplemente el hecho de haberse reunido con Borges en Nueva York?; pero, además, también vale la pena preguntarse: ¿cómo conoció el Sebin los movimientos de Fernando Albán en un país extranjero?

Así mismo, al detenernos en las circunstancias de su extraña muerte, debemos preguntarnos: ¿qué hacía Albán en el piso 10 del Sebin? ¿Nadie lo acompañaba? ¿No estaba esposado? ¿Por qué sus familiares no pudieron certificar las causas de la muerte con un médico especialista de su confianza? ¿que llevó a un hombre de fe a quitarse la vida luego de tres días de su detención? Sin duda, son muchas las interrogantes que pululan en la mente de venezolanos y extranjeros, cuando lo único que se sabe con certeza, es que, Fernando Albán estaba en poder de un organismo de seguridad del estado; lo cual quiere decir, que aún bajo la hipótesis de un “suicidio”, la responsabilidad de su fallecimiento recae sobre sus custodios y sobre las demás instituciones y poderes públicos llamados a velar por la integridad física y mental de los privados de libertad. En tal sentido, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara cuando afirma en materia de derechos civiles que: “… El Estado será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad…”

Días mas tarde, y como consecuencia directa de ese abominable hecho, el gobierno de Colombia, informó públicamente mediante un comunicado de su Cancillería, la decisión de otorgar el estatus de refugiado a Julio Borges, diputado venezolano y coordinador del partido político Primero Justicia.

Recordemos que Borges, se encuentra en Bogotá, Colombia, y ha sido señalado como el ideólogo y artífice del ataque con drones en contra de la tarima presidencial el pasado mes de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, e inclusive, según el ministro de información de Venezuela, Jorge Rodríguez, fue solicitado un código rojo a la Interpol, para su captura. Ante tales circunstancias, el comunicado de la Cancillería Colombia sostiene en uno de sus párrafos que: “El reconocimiento (refiriéndose al reconocimiento del status de refugiado para Julio Borges) se da una vez la Comisión Nacional para la determinación de la condición de refugiado estudió la solicitud presentada y determinó que se encuentran fundados los temores de persecución aducidos por el solicitante”.

Lo anterior quiere decir que, a juicio del Estado colombiano, las denuncias en contra del diputado Borges, son parte de una persecución política; razón por la cual activa el mecanismo de protección conocido como “refugio”; lo cual, es absolutamente discrecional del gobierno otorgante y aplica solo en ciertas y determinadas circunstancias que una vez confirmadas evidencian grandes falencias en materia de respeto a las libertades políticas y a los derechos humanos, en el estado en el cual el beneficiario mantenía su residencia; implicando ello grandes riesgos para su vida; con lo cual se estarían violando diversas disposiciones constitucionales de Venezuela, además de tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado.

Por último, la excarcelación de Lorent Saleh, luego de cuatro años de haber sido entregado por las autoridades colombianas a los organismos de seguridad de Venezuela, sucede precisamente en medio de todo el escándalo que generó la muerte del Concejal Fernando Albán y al parecer como consecuencia de ciertas tratativas con el gobierno español, con el propósito de coadyuvar al inicio de un nuevo proceso de dialogo entre gobierno y oposición en Venezuela; aun cuando el argumento esgrimido por sus carceleros fue el temor a un posible intento de suicidio; como si hubiera algo en las condiciones de los presos políticos venezolanos que los induce al suicidio.

Lorent fue excarcelado y al igual que ya ha sucedido en el pasado, con otros presos políticos, fue llevado directamente al aeropuerto internacional de Maiquetía, donde abordó un avión con destino a Madrid, España, en una clara acción de expatriación o extrañamiento, como la define la constitución nacional al sostener que “Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas.”

De forma tal que, estos tres eventos se convirtieron en pruebas incontrovertibles de la sistemática violación de las leyes nacionales y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; así como de la precariedad institucional, ante el silencio cómplice de los diversos poderes públicos del Estado.
Internacionalista
@giovdemichele

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