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¿A quién beneficia el subsidio a la gasolina?

Víctor Álvarez R. Los subsidios, como instrumento de redistribución del ingreso, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables. Son un instrumento de la política social y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la desigualdad.

En Venezuela, los subsidios son expresión de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo. Por eso, un buen porcentaje de los subsidios a través de los cuales se distribuye la renta petrolera no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual agrava la distribución regresiva del ingreso.

En condiciones de una creciente renta petrolera, estos subsidios poco significaban en el presupuesto nacional, pero en las nuevas condiciones de colapso de la producción petrolera y escasez de divisas cuestan mucho, incrementan la inequidad y pueden ser empleados de mejor manera. Por lo tanto, deben eliminarse o reorientarse, con la condición básica de que cualquier decisión que al respecto se tome no genere un solo pobre más.

Redistribución regresiva del ingreso
El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen pero, en realidad, origina una redistribución regresiva del ingreso que solo beneficia a los que más tienen. Cuando se destinan recursos públicos para subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva ya que los más pudientes no necesitan que se les subsidie nada. Las clases de mayores recursos tienen la capacidad económica suficiente para comprar uno o varios vehículos, mientras que los más pobres se ven obligados a trasladarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente.

Si se sincera el precio de la gasolina con base al precio internacional, cada año se obtendrían más de $10.000 millones en ingresos adicionales, los cuales bien pudieran ser invertidos en modernizar, ampliar y subsidiar el sistema de transporte público, el cual es utilizado justamente por las personas de menores recursos que no tienen como adquirir un vehículo.

Ajustar la gasolina a los precios internacionales si sería una verdadera medida de justicia redistributiva, toda vez que este incremento lo pagarían quienes más tienen, aportando ingresos fiscales adicionales para ser invertidos en la ampliación y modernización de la flota de transporte público y en el financiamiento de otros programas de interés social.

Subsidiar la gasolina es antipopular
En un país petrolero que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo se consideró natural que el precio de la gasolina fuese barato, prácticamente un derecho adquirido. Pero al ritmo que está cayendo la extracción de crudos, a finales de año puede que Venezuela deje de exportar petróleo. El subsidio a los combustibles es insostenible, y solo favorece a los contrabandistas que han llegado a sacar más de 100 mil barriles diarios de combustible, según la información suministrada por el propio Ministerio de Petróleo y Pdvsa.

En medio del actual colapso del transporte público que causa un creciente malestar e indignación en los sectores de menores ingresos que no se benefician del subsidio a la gasolina, prolongar el mismo resulta una medida antipopular. La gente de a pie está cada vez más consciente de que el bajo precio del combustible beneficia sobre todo a las familias que tienen dos, tres o más vehículos; mientras que los que no tienen carro se ven obligados a desplazarse en autobús o metro y, por lo tanto, en nada se benefician de una gasolina irracionalmente barata.

Sincerar el precio de la gasolina no solo erradicará el incentivo perverso para el contrabando, sino que también desestimulará su despilfarro interno, reducirá la emisión de gases de efecto invernadero, bajará la presión para extraer más petróleo y ayudará a sanear las finanzas de Pdvsa al cubrir los costos de producción y generar ganancias, destinando un importante porcentaje de éstas a modernizar la flota de transporte público en todos y cada uno de los 335 municipios del país.

¿Devaluar el bolívar o aumentar la gasolina?
El año pasado fueron las elecciones de gobernadores y alcaldes. El 20 de mayo se realizaron los comicios presidenciales y para diciembre están previstas las elecciones de concejales. En un país donde todos los años hay una elección de concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, o presidente, la dirigencia política suele atribuirle a la decisión de devaluar o aumentar la gasolina un costo político muy alto.

Todo gobierno es un actor político que busca minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias por cada decisión que tome -calculadas éstas en términos de popularidad, elecciones ganadas, porcentaje de votos con los que se triunfa, etc. Si se trata de un año electoral, y según lo que indique su análisis de costo-beneficio político, el gobierno escogerá entre devaluar o aumentar el precio de la gasolina para generar recursos fiscales que le permita financiar las dádivas que reparte entre su clientela electoral.

Entre las creencias limitantes del gobierno, tanto la devaluación como el aumento del precio de la gasolina son medidas políticamente incorrectas, sobre todo en víspera de la elección de concejales. Se asume que el costo en votos de cualquiera de las dos medidas puede ser muy alto, y a pesar de que pueden generar abundantes recursos para financiar el gasto gubernamental, como ya se ha visto antes, la dirigencia política suele posponer esta decisión. Ni siquiera se discuten sus ventajas y desventajas como parte del debate electoral.

Al monopolizar las decisiones sobre el anclaje cambiario y el subsidio a la gasolina, en lugar de consultar a la ciudadanía para que ésta sea la que decida, cualquier ajuste que se haga termina siendo interpretado como un fracaso del gobierno. Se impone un acuerdo nacional para reorientar o eliminar los subsidios que no están beneficiando a los grupos más empobrecidos de la sociedad, como es el caso del subsidio a la gasolina, cuyo monto bien pudiera ser reorientado a detener y revertir el deterioro de los sistemas de transporte, educación, salud, vivienda y seguridad.
@victoralvarezr

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